declara ante el juez

Alonso niega que decidiera destruir una cueva neolítica en su finca de Huesca

 

El empresario minero acudió el pasado martes a declarar ante el Juzgado de Instrucción Número 3 de Huesca, en calidad de imputado, en el juicio por la destrucción de un yacimiento neolítico en una finca de caza (Gastarás) de su propiedad. La denuncia fue presentada en su día por la Asociación de Acción Pública en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) y Ecologistas en Acción, y el procedimiento está en fase de instrucción.
Alonso declaró ante el juez que participa en la empresa propietaria del coto donde se encuentra el yacimiento, Fimbas, pero niega haber tomado ninguna decisión sobre las obras que destruyeron los restos.
Tanto los abogados de la acusación como la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, Ecologistas y Apudepa defienden en su denuncia que Alonso conocía la importancia del yacimiento, pero ordenó la actuación. También hay un testigo que ha declarado que era Alonso quien daba las órdenes tanto en Fimbas como en la empresa propietaria de la máquina que destrozó los restos arqueológicos (Ferpi, también de su propiedad).
Coto de caza
Los denunciantes mantienen que Alonso es propietario de la empresa Fimbas, que gestiona el coto de caza, y que arrasó el yacimiento de la cueva de Chaves, que guardaba restos del Paeolítico Superior, Epipaloelítico, Neolítico y Edad de Bronce. La cueva había sido objeto de numerosas excavaciones y estudios.
Según la denuncia, a finales del 2007 Alonso ordenó limpiar y nivelar con una retroexcavadora los sedimentos arqueológicos. Y derribó parte del techo y las paredes para convertir la cueva en zona de estabulación y comedero de animales de caza.
A pesar de que la zona tenía varias figuras de protección, el empresario, según los denunciantes, ordenó también realizar caminos de ocho metros de ancho, vallados y balsas, hasta 59, de entre cinco y treinta metros de diámetro en la zona, así como un almacén sin permiso y cuatro veces mayor del que contemplaba el permiso que solicitó.
También roturó 60 hectáreas, en zonas donde en 14 campañas de arqueológicas se encontraron unas 70.000 piezas que consideran de enorme valor.